Documentación necesaria – Indemnización por hospitalización fondo UNESPA
La aseguradora abonará al sanitario ingresado un importe bruto de 100 euros por día de hospitalización, siempre que dicha hospitalización se haya iniciado durante el periodo de cobertura (ver pregunta 1) y se haya producido por causa directa del COVID-19.
El asegurado deberá haber enfermado por motivo del desarrollo de su actividad laboral, estatutaria o profesional al haber estado involucrado directamente en la lucha contra el COVID-19 manteniendo contacto físico con personas infectadas y siempre que su ingreso hospitalario haya superado los 3 días y hasta un máximo de 14 días. Los pagos, pues, oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros brutos.
La estancia hospitalaria debe haberse producido en instalaciones hospitalarias públicas o privadas. Se incluyen las instalaciones sanitarias temporales o portátiles que han sido habilitadas como establecimientos hospitalarios adicionales con ocasión de la pandemia (hospitales de campaña dependientes de hospitales o de las CCAA). No se entienden incluidos los hoteles medicalizados, ni tampoco los domicilios particulares, aunque se realicen hospitalizaciones domiciliarias.
En el caso de que se produjera el fallecimiento antes de que se hubiera satisfecho la prestación de hospitalización que, en su caso, correspondiera, el beneficiario de dicha prestación será el beneficiario de la prestación por fallecimiento.
Los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos para percibir el subsidio de hospitalización:
- Solicitud de la prestación debidamente firmada. Puedes descargarla aquí.
- Fotocopia del DNI del beneficiario o beneficiarios, en vigor y por ambas caras.
- Documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria en la que cada beneficiario desea percibir la prestación.
- Documento que acredite la liquidación del impuesto que grave la prestación (Impuesto sobre sucesiones y donaciones).
- Informe médico acreditativo, con el detalle de las fechas de hospitalización y alta.
- Certificado emitido por el órgano competente de la comunidad autónoma que acredite que el asegurado pertenece a alguno de los colectivos que integran el grupo asegurable de la póliza y que la prestación que se solicita deriva del COVID-19 contraído en el ejercicio de su actividad laboral, estatutaria o profesional habiendo mantenido contacto físico con personas infectadas por el COVID-19.